Estando en período de ejecución presupuestaria, a pesar de no tener Gobierno que lo elabore, traemos a colación la perspectiva de género a la hora de implementar políticas públicas inclusivas de carácter social a modo de resumen recopilador de lo que nos ha traído el mes de octubre de 2019.
A la hora de planificar Políticas Públicas sería deseable que se tomase en cuenta el carácter participativo y de inclusión del enfoque de género, en cuanto elementos transversales pero necesarios, para evaluar la eficacia y calidad de las Políticas Públicas. Tanto hombres como mujeres forman parte, de modo directo o indirecto, del grupo de personas interesadas (stakeholders) beneficiarias o afectadas (población usuaria o diana), o bien implicadas (agentes), de las medidas públicas a implementar o implementadas por lo que debe facilitarse una participación en ellas con enfoque de género.
El concepto de género es uno sistémico, basado en el análisis de la realidad social, una creencia compartida con carácter general que asigna a hombres y a mujeres funciones o papeles diferentes según su sexo biológico, en un entorno social concreto como puede ser la familia, la escuela o el entorno de trabajo pero también de las relaciones que se establecen o de la propia creencia de cada persona por lo que el Gobierno debe asumir una labor evaluadora ex ante, prospectiva y analítica de la realidad sistémica donde pretende implantar la acción pública.
La participación y la inclusión del enfoque de género, se erigen, en consecuencia, en elementos determinantes de la implantación de cualquier acción pública. Las diversas situaciones y posiciones sociales de hombres y mujeres y su impacto en la vida diaria deben conformar parte de la actuación pública al implantar una política de acción social.
Partiendo de la base de la desigualdad de afectación de los condicionantes ambientales culturales y naturales, los planteamientos de políticas públicas deben ser sensibles a la cuestión real de género debiendo tomar en consideración las siguientes variables: - Igualdad entre hombres y mujeres como derecho humano; como principio y valor a tener en cuenta para reducir las desigualdades; - Utilidad de las medidas públicas para reducir las desigualdades; Necesidad de aportación de todos los máximos grupos de interés posible para abordar una realidad compleja desde todos los máximos marcos interpretativos posibles que permitan identificar la brecha de genero tomando en consideración las “interseccionales” o agrupaciones de características específicas que definen a una persona”.
Identificados los criterios de desigualdad y de brecha de género, sería conveniente formular objetivos e indicadores que permitan reducir dichas desigualdades en cuanto compromiso integral con la igualdad de género en un contexto de responsabilidad orientada hacia acciones que respeten los Derechos Humanos. Sólo de este modo se podrá posibilitar la implantación de políticas públicas con visión de permanencia y continuidad futura por atender a la generalidad dentro de la particularidad.
Y en ello se ha encontrado nuestra sociedad en este mes de octubre de 2019 en el que hemos conocido que por primera vez se ha aplicado la perspectiva de género en el ámbito de los riesgos laborales. El TSJ Canarias, Sala de lo Social, ha sentenciado el 2 de Julio de 2019 que el concepto “peligrosidad” contenido en el art. 39.3º de la LISOS debe interpretarse conforme a la realidad actual e integrando la perspectiva de género de la que ha carecido hasta el momento. Ello exige integrar las acciones que comprenden el trabajo desempeñado por las trabajadoras de pisos acostumbradas para paliar las consecuencias de su desempeño mediante medidas ergonómicas adaptadas a su idiosincrasia.
Por su parte el Tribunal Supremo avala que las universidades incluyan una variable de género en los criterios para seleccionar los departamentos donde crear nuevas cátedras Según la STS nº 1383/2019, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 16/10/2019, no se puede entender discriminatorio el acuerdo de la Universidad Autónoma de Madrid que introduce una variable de género para elegir los departamentos universitarios donde se crearían las nuevas plazas de cátedra. Para el Alto Tribunal este acuerdo no supone infracción o lesión de derechos fundamentales como la igualdad, el mérito y la capacidad si no que, antes más bien, entra dentro de las facultades propias del derecho fundamental a la autonomía universitaria.
Ascendiendo al ámbito europeo, el TJUE, en Auto TJUE nº C-439/18 y C-472/18 15/10/2019, dictamina que el cómputo de la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos es discriminatorio cuando una normativa y a una práctica empresarial nacional sólo tome a efectos del cálculo de la antigüedad requerida para poder percibir trienios en concepto de complementos retributivos, los períodos efectivamente trabajados, excluyéndose por tanto los períodos en los que no se ha trabajado, mientras que esta normativa y esta práctica no se aplican en el caso de los trabajadores a tiempo completo.
Finalizamos la recopilación mensual celebrando que España se encuentre entre los países con mayor progresión de la UE en igualdad de género. Según el balance de 2019 publicado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, España ocupa el noveno lugar en cuanto a progresión y su puntuación es de un 2´7 puntos por encima de la media en la Unión Europea. Este informe, con base en el año 2017 tiene en cuenta la progresión de los estados miembros individualmente y la de la UE en su conjunto.
El indicador donde España puntúa más alto es en el de salud, con 90,1 puntos, mientras que las mayores desigualdades se encuentran en el ámbito del poder, donde la puntuación en materia de igualdad es de 62 puntos, no obstante los datos son tranquilizadores, pues se trata del indicador que más ha aumentado desde 2005, exactamente 16,1 puntos. Para puntuar estos ámbitos se tienen en cuenta cuestiones como porcentaje de ministros y ministras, miembros del parlamento, porcentaje de fundadores y fundadoras de organizaciones, propietarios y propietarias de empresas, esperanza de vida (diferenciando por sexos), hábitos saludables y una larga lista de cuestiones de esta índole.
Fuente:
Araceli Vallecillo Orellana
Profa. Asociada Dpto. D. del Trabajo y Seguridad Social UCO.